Un comandante de la CIA para los rebeldes libios
Patrick Martin
WSWS
Traducción para Rebelión de Loles Oliván
El Consejo Nacional libio, el grupo con sede en Bengasi que habla en nombre de las fuerzas rebeldes que combaten al régimen de Gadafi, ha nombrado en la dirección de sus operaciones militares a un antiguo colaborador de la CIA. La elección de Hifter Jalifa, ex coronel del ejército libio, la dio a conocer McClatchy Newspapers el pasado jueves; el nuevo jefe militar fue entrevistado por un corresponsal de ABC News en la noche del domingo.
La llegada de Hifter a Bengasi fue recogida por primera vez por Al-Yazira el 14 de marzo; seguidamente, el virulento y belicista tabloide británico Daily Mail, le hizo un retrato halagador el 19 de marzo. El Daily Mail describía a Hifter como una de las “dos estrellas militares de la revolución”, que “ha regresado recientemente del exilio en Estados Unidos para prestar a las fuerzas rebeldes cierta coherencia táctica”. El periódico no se refería a sus conexiones con la CIA.
McClatchy Newspapers publicó un perfil de Hifter el domingo. Titulado “El nuevo líder rebelde pasó la mayor parte de los últimos 20 años en los suburbios de Virginia”, el artículo señala que fue comandante del régimen de Gadafi hasta “una desastrosa aventura militar en Chad a finales de 1980”.
Hifter se pasó entonces a la oposición anti-Gadafi y con el tiempo emigró a Estados Unidos donde vivía hasta hace dos semanas, cuando regresó a Libia para tomar el mando en Bengasi.
El perfil de McClatchy concluía: “Desde que llegó a Estados Unidos en la década de 1990, Hifter vivía en los suburbios de Virginia, a las afueras de Washington, DC”. Citaba a un amigo que afirmaba no saber qué hacía Hifter para mantenerse y que se ocupaba en ayudar a su numerosa familia”.
Para los que sepan leer entre líneas, este perfil es una indicación apenas disimulada del papel de Hifter como agente de la CIA. ¿Cómo, si no, un alto ex comandante militar libio entraría en Estados Unidos en la década de 1990, pocos años después del atentado de Lockerbie, para instalarse después cerca de la capital de Estados Unidos, si no fuera con el permiso y la ayuda activa de los organismos de inteligencia estadounidenses? De hecho, Hifter ha vivido en Vienna, Virginia, a unas cinco millas de la sede de la CIA en Langley, durante dos décadas.
La agencia estaba muy familiarizada con el trabajo político y militar de Hifter. Un informe del Washington Post de 26 de marzo de 1996, describe una rebelión armada contra Gadafi en Libia y utiliza una variante ortográfica de su nombre. El artículo cita testigos de la rebelión que informan que “su líder es el coronel Haftar Jalifa, de un grupo al estilo de la contra basado en Estados Unidos denominado Ejército Nacional Libio”.
La comparación se refiere a las fuerzas terroristas de la contra financiadas y armadas por el gobierno de Estados Unidos en la década de 1980 contra el gobierno sandinista en Nicaragua. El escándalo Irán-Contra, que sacudió a la administración Reagan en 1986-87, consistió en la exposición pública de la venta ilegal de armas de Estados Unidos a Irán con cuyos los ingresos se financió a la contra desafiando una prohibición del Congreso. Los demócratas del Congreso cubrieron el escándalo y rechazaron la petición de un juicio político a Reagan por patrocinar actividades flagrantemente ilegales de una camarilla de ex agentes de inteligencia y asistentes de la Casa Blanca.
Un libro de 2001, Manipulations africaines, publicado por Le Monde Diplomatique, remonta más atrás incluso la conexión de la CIA, a 1987, informando que Hifter, entonces un coronel del ejército de Gadafi, fue capturado cuando combatía en Chad en una rebelión respaldada por Libia contra el gobierno de Hissène Habré, apoyado por Estados Unidos. Él desertó al Frente de Salvación Nacional Libio (LNSF, en sus siglas en inglés), el principal grupo de oposición a Gadafi, que contaba con el respaldo de la CIA estadounidense. Organizó su propia milicia que operaba en el Chad hasta que Habré fue derrocado por un rival apoyado por Francia, Idriss Déby, en 1990.
Según este libro, “la fuerza de Haftar, creada y financiada por la CIA en el Chad, se desvaneció en el aire con la ayuda de la CIA poco después de que el gobierno fuera derrocado por Idriss Déby”. El libro también cita un informe del Servicio de Investigación del Congreso del 19 de diciembre de 1996 según el cual el gobierno de Estados Unidos prestaba ayuda financiera y militar a la LNSF y un número de miembros LNSF fueron trasladados a Estados Unidos.
Esta información está disponible para cualquiera que haga una búsqueda, incluso superficial, en Internet; sin embargo, no ha sido mencionada por los medios de comunicación controlados por las corporaciones de Estados Unidos, excepto en el envío de McClatchy que evita cualquier referencia a la CIA. Ninguna de las cadenas de televisión ocupadas en alabar a los “luchadores por la libertad” del este de Libia, se ha molestado en informar de que estas fuerzas están ahora al mando de un antiguo colaborador de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.
Tampoco los liberales ni la “izquierda” entusiasta de la intervención de Estados Unidos y Europa lo han señalado. Están demasiado ocupados aclamando a la administración Obama por su multilateralismo y por su posición “consultiva” sobre la guerra, supuestamente tan diferente del enfoque unilateral y “vaquero” de la administración Bush en Iraq. Que el resultado sea el mismo —muerte y destrucción lloviendo sobre la población, la soberanía y la independencia de un país ex colonial pisoteadas— no significa nada para esos apologistas del imperialismo.
El papel de Hifter, acertadamente descrito hace 15 años como el líder de un “grupo al estilo de la contra”, demuestra las verdaderas fuerzas de clase que están operando en la tragedia libia. Cualquiera que fuera la genuina oposición popular que se expresó en la rebelión inicial contra la dictadura corrupta de Gadafi, esa rebelión ha sido secuestrada por el imperialismo.
La intervención estadounidense y europea en Libia no está dirigida a llevar la “democracia” y la “libertad” sino a instalar en el poder títeres de la CIA que gobernarán tan brutalmente como Gadafi, al mismo tiempo que permitirán a las potencias imperialistas saquear los recursos de petróleo del país y usar Libia como base de operaciones contra las revueltas populares radicales del Oriente Próximo y de África del Norte.
miércoles, 30 de marzo de 2011
EL ATAQUE A LIBIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL
El ataque a Libia y el derecho internacional
Curtis Doebbler
Al Ahram Weekly
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El 19 de marzo de 2011 algunas naciones occidentales comenzaron el tercer conflicto armado internacional contra un país musulmán en la última década. Se esmeraron por afirmar que el uso de la fuerza contra Libia era legal, pero si se aplica el derecho internacional a los hechos vemos que en realidad el uso de la fuerza es ilegal.
Este breve comentario evalúa el uso de la fuerza contra Libia, comenzando por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU que supuestamente lo autoriza y el eventual ataque contra el pueblo de Libia.
LOS HECHOS: A diferencia de las manifestaciones no violentas en Egipto, Túnez, Bahréin, Yemen y otros sitios en el mundo árabe, las manifestaciones que comenzaron en Libia el 17 de febrero degeneraron en unos días en una guerra civil. Ambas partes tenían tanques, cazabombarderos, armas antiaéreas y artillería pesada. Las fuerzas gubernamentales consistían sobre todo de militares entrenados, mientras la oposición armada consistía de soldados desertores y numerosos civiles que habían tomado las armas.
El nivel de fuerza que cada bando tiene a su disposición lo señalaron las afirmaciones del sábado 19 de marzo de que tanto un caza del gobierno libio como uno de la oposición habían sido derribados cerca de Bengasi. A medida que la guerra civil aumentaba en intensidad, la comunidad internacional consideró actuar en apoyo a la oposición armada. El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1973. Y a las 42 horas comenzó un ataque contra las tropas del gobierno libio dirigido, según el ministro de Defensa británico William Hague, a matar al dirigente libio.
Cerca del mediodía hora local en Washington, DC, el sábado 19 de marzo, los cazabombarderos franceses lanzaron ataques contra objetivos descritos como tanques y sistemas de defensa aérea. Unas horas después, los barcos de guerra estadounidenses comenzaron a lanzar misiles de crucero contra objetivos libios.
Aunque países árabes y musulmanes se habían sumado a la coalición contra su vecino árabe y musulmán, ninguno de ellos participó realmente en los ataques aéreos enviando aviones. Inmediatamente después del inicio de los ataques aéreos, Rusia, China y el secretario general de la Liga Árabe, el egipcio Amr Moussa, condenaron la pérdida de vidas civiles causada por los bombardeos.
A pesar de los desmentidos de la intención de atacar al dirigente libio, atacaron las residencias y complejos utilizados por el coronel Muamar Gadafi. Después del primer día de bombardeos se informó de la muerte de más de cuatro docenas de civiles, incluyendo mujeres y niños.
Los ataques tuvieron lugar después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara la Resolución 1973. Como respuesta a esa resolución el gobierno libio declaró oficialmente un alto el fuego en la guerra civil que libraba contra los rebeldes armados con base en Bengasi. Libia anunció también que había cerrado su espacio aéreo. Los dirigentes occidentales reaccionaron ante estas acciones del gobierno libio afirmando que no se podía creer en ellas y argumentando que los combates continuaban. Por cierto, fuentes libias confirmaron que la guerra civil continuaba y que ambas partes se seguían atacando.
LA RESOLUCION 1973 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: La Resolución 1973 se adoptó según el Capítulo VII de la Carta de la ONU con 10 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. A favor votaron los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: EE.UU., Gran Bretaña, Francia, y los miembros no permanentes Bosnia y Herzegovina, Colombia, Gabón, el Líbano, Nigeria, Portugal y Sudáfrica. Se abstuvieron los miembros permanentes Rusia y China y los miembros no permanentes Alemania, Brasil e India.
La resolución se adoptó el jueves 17 de marzo, después de las 18:30 hora local en Nueva York. La embajadora de EE.UU. la describió como un fortalecimiento de las sanciones y de la prohibición de viajes impuesta antes por la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad. Fue promovida por los gobiernos de Francia y el Reino Unida, pero con una fuerte presencia de EE.UU., controlando entre bastidores.
El nuevo ministro de Exteriores francés Alain Juppé, estuvo presente en la reunión del Consejo de Seguridad. Aunque como ex primer ministro no era nuevo en la ONU, llegó unas semanas después de reemplazar a su predecesor, cesado por haber aceptado favores de un empresario libio, y sólo días después de que su gobierno se convirtiera en el primer gobierno occidental que reconoció a las fuerzas combatientes contra el gobierno en la guerra civil libia como legítimos representantes del pueblo libio.
El gobierno libio no tuvo un representante presente en la reunión después de que a su embajador oficial, el ex presidente de la Asamblea General Ali Abdel-Salam Treki, se le negó la entrada en EE.UU. No obstante, aunque oficialmente había sido relevado de su su cargo más de una semana antes por desertar a la oposición, el ex representante permanente adjunto Ibrahim Dabbashi, estuvo presente en la operación mediática del Consejo de Seguridad del miércoles para hacer una declaración y responder preguntas.
La Resolución 1973 contiene 29 párrafos operativos divididos en ocho secciones. La primera sección exige en su primer párrafo un “alto el fuego inmediato” y el respeto al derecho internacional incluyendo “el paso rápido y sin impedimentos de la ayuda humanitaria”.
Un curioso segundo párrafo operacional “subraya la necesidad de intensificar esfuerzos para encontrar una solución a la crisis” y pasa a calificar esto de respuesta “a las legítimas demandas del pueblo libio” y conducente a “las reformas políticas necesarias para encontrar una solución pacífica y sustentable”. Un lenguaje tan vago no responde a la pregunta de qué demandas legítimas hay que satisfacer y qué reformas políticas son necesarias. Legalmente esos requerimientos también parecen una injerencia directa en los asuntos internos de Libia en violación del Artículo 2 (7) de la Carta de la ONU, que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad deben respetar según el Artículo 25 de la Carta. Esta discrepancia aparentemente irreconciliable alimenta la especulación de que la resolución es otro ejemplo de una política que se niega a respetar el derecho internacional.
Los párrafos 4 y 5 tienen que ver con la protección de civiles, y este último se concentra en la responsabilidad regional de la Liga Árabe.
La parte operacional más larga de la resolución se dedica después a la creación de una zona de exclusión aérea en los párrafos 6 hasta el 12. El Artículo 6 crea la zona de exclusión aérea “para todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia con el fin de ayudar a proteger a los civiles”. Luego el párrafo 7 enumera varias excepciones humanitarias.
El párrafo 8 posiblemente concentrará la atención de la mayoría de los abogados internacionales, ya que menciona que los Estados podrán “tomar todas las medidas necesarias para imponer el cumplimiento de la prohibición de vuelos”. El uso del término “todas las medidas necesarias” abre la puerta al uso de la fuerza. Al mismo tiempo, el uso de la fuerza se limita a la imposición de la zona de exclusión aérea y no se extiende a intentos de matar al dirigente libio o a apoyar a una parte en el conflicto armado, aunque el hecho de que se impida que el gobierno libio utilice su fuerza aérea, evidentemente, favorece a la oposición armada.
El párrafo 8 es inusual porque parece que autoriza el uso de fuerza según el Capítulo VII sin aplicar ninguna de las salvaguardas para el uso de la fuerza que se mencionan en el Artículo 41. No hay ninguna declaración de que hubieran fracasado otras medidas que no injvolucraban el uso de la fuerza. De hecho, la Resolución 1973 se adoptó después de que el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Africana decidieron enviar misiones para contribuir a una solución pacífica, pero antes de que alguna de esas misiones pudiera visitar Libia. Además, la Resolución 1973 se adoptó después de que la oferta de renuncia y abandono del país con su familia del dirigente libio fue rechazada por la oposición armada sin dejar un margen a las negociaciones.
Los párrafos del 13 al 16 requieren un embargo de armas y “deploran el continuo flujo de mercenarios” hacia Libia. Al hacerlo, el párrafo 13 decide que el párrafo 11 de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad debe ser reemplazado por un nuevo párrafo que “autoriza a los Estados Miembros a utilizar todas las medidas conmensuradas con las circunstancias específicas para realizar semejantes inspecciones”. De nuevo este lenguaje indica que se podría utilizar la fuerza contra barcos sospechosos de llevar armas a Libia en violación del embargo.
En los párrafos 17 y 18 se requiere que los Estados nieguen los derechos de despegue, aterrizaje o sobrevuelo a “cualquier aeroplano registrado en la Jamahiriya Árabe Libia o que sea propiedad o esté operado por ciudadanos o compañías libios”. Aunque señala claramente que estas provisiones no afectarán a vuelos humanitarios, indudablemente complicarán esos vuelos.
Los párrafos del 19 al 21 extienden la congelación de activos impuesta por los párrafos 17, 19, 20 y 21 de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad [CSONU] a “todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos” que son “de propiedad o están controlados, directa o indirectamente, por las autoridades libias… o por individuos o entidades que actúan por su cuenta o dirigidos por ellas”. Los párrafos siguientes, 22 y 23, amplían las restricciones de viajes y la congelación de activos de la Resolución 1970 (2011) a todos los individuos en dos anexos. Al hacerlo, estos párrafos impiden esencialmente que los miembros de la familia de Muamar Gadafi salgan de Libia y efectivamente los obligan a combatir a la oposición armada.
El párrafo 24 crea un nuevo organismo, un “panel de expertos”, del comité creado en la Resolución 1970 del CSONU, para “reunir, examinar y analizar información de Estados, organismos relevantes de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y otras partes interesadas sobre la implementación de las medidas” en la Resolución 1970 del CSONU, para “hacer recomendaciones… mejorar la implementación de las medidas relevantes”, y “suministrar al Consejo un informe provisional sobre su trabajo antes de 90 días después del nombramiento del panel, y un informe final del Consejo no después de 30 días antes de la terminación de su mandato con sus resultados y recomendaciones”.
El párrafo 27 dice que todos los Estados “incluida la Jamahiriya Árabe Libia, deberán adoptar las medidas necesarias par asegurar que no haya lugar a ninguna reclamación, a instancias de las autoridades libias, de ninguna persona o entidad de la Jamahiriya Árabe Libia ni de ninguna persona que actúe por conducto o en beneficio de esas personas o entidades, en relación con todo contrato o transacción cuya ejecución se vea afectada por las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en la resolución 1970 (2011), la presente resolución y las resoluciones conexas.”
Finalmente, en el penúltimo párrafo 29, el Consejo “decide seguir ocupándose activamente de la cuestión”.
PERCEPCIONES PÚBLICAS: Para cuando la resolución llegó al dominio público, los tabloides y periódicos 'serios' británicos ya estaban llamando al mundo a la guerra. Los franceses ya habían convocado una reunión descrita como reunión de planificación para el uso de la fuerza. Y mientras el presidente de EE.UU. se mantenía cuidadosamente ambiguo, otros responsables estadounidenses llamaban abiertamente a la intervención militar en lo que a esas alturas ya se había convertido en una guerra civil en Libia.
En la furia emocional parece que se habían olvidado del derecho internacional. Un comentarista de la BBC llegó a sugerir que el apoyo político a una zona de exclusión aérea por parrte de la Liga Árabe constituía una justificación legal para el uso de la fuerza. Usos similares de fuerza en Afganistán e Iraq, que están ampliamente considerados como violaciones del derecho internacional, parece que no han dejado una gran impresión en los periodistas británicos.
Periodistas de otros sitios parece que también han hecho caso omiso del derecho internacional en su consideración de Libia, llamando frecuentemente a la invasión de un país soberano por la fuerza, a pesar de que no sólo el Artículo 2 (4) de la Carta de la ONU prohíbe un uso semejante de la fuerza, sino que también lo hace el lenguaje de la propia Resolución 1973 del CSONU.
Incluso los que se oponen al uso de la fuerza parecen ignorar el derecho internacional aplicable. El parlamentario británico Jeremy Corbyn, por ejemplo, preguntó en la Cámara de los Comunes que si utilizamos fuerza contra Libia para proteger a una parte en una guerra civil, por qué no la usamos en Bahréin donde docenas de manifestantes desarmados han muerto a manos de fuerzas nacionales y extranjeras, o en Yemen donde unos 50 manifestantes pacíficos fueron masacrados por francotiradores del ejército. Esta pregunta por lo menos parece comprender el hecho de que el derecho internacional, para tener verdadero valor en las relaciones internacionales, tiene que aplicarse en situaciones similares de una manera similar. El que no se aplique consecuentemente la ley debilita seriamente el derecho y sus restricciones de la acción internacional.
DERECHO INTERNACIONAL: Mientras las decisiones con respecto al uso de la fuerza contra Libia parecen haberse basado más en emociones que en un entendimiento del derecho relevante, este derecho no es irrelevante. El derecho internacional seguirá reflejando las reglas generales que los Estados utilizan en sus relaciones mutuas mucho después del fin del conflicto armado en Libia. Se podría sugerir que también es crucial para la paz y la seguridad en un mundo compuesto de gente con valores e intereses diversos.
Tal vez el principio más fundamental del derecho internacional es que ningún Estado usará la fuerza contra otro Estado. Este principio se declara expresamente en el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU. Ningún Estado puede violar este principio del derecho internacional.
Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU puede ordenar el uso de la fuerza en circunstancias excepcionales, según el Artículo 24 (2) de la Carta de la ONU, el Consejo “actuará de acuerdo con los Principios y Propósitos de las Naciones Unidas”. Esto significa, por lo menos, que las opciones para autorizar el uso de la fuerza están extremadamente limitadas si los medios pacíficos de solución de disputas siguen siendo posibles. En el caso actual, parece que el Consejo de Seguridad se apresuró a utilizar la fuerza.
En el Artículo 51 y en el Capítulo VII de la Carta de la ONU se encuentran excepciones limitadas de la prohibición del uso de la fuerza. Las provisiones de este último, especialmente el Artículo 42, permiten que el Consejo de Seguridad emprenda una acción que “pueda ser necesaria para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales”. Las resoluciones 1970 y 1973 señalan ambas que se adoptarán según el Capítulo VII. Ni una ni la otra, sin embargo, cumplen los requerimientos del Artículo 42 de que se haya llegado a la determinación de que han fracasado las “medidas que no involucran el uso de la fuerza”.
Es difícil ver cómo se puede llegar a una determinación semejante en una guerra civil. Parece que por lo menos tendría que basarse en una misión de indagación en el terreno. Todavía no han ido a Libia misiones de indagación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Consejo de Seguridad. Aunque hay poca duda de que los gobiernos occidentales, como el de EE.UU., tienen importantes capacidades para determinar lo que sucede en Libia mediante métodos de vigilancia a distancia, eso no suministra suficiente evidencia de si el gobierno de Libia cumple las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sólo observadores en el terreno pueden determinarlo, como hemos visto en la desinformación propagada sobre las acciones de Iraq basadas en terceras partes y en fuentes de vigilancia distantes.
Además, la evidencia del cumplimiento por parte de Libia, es variada. Libia anunció casi de inmediato que respetaría los términos de la Resolución 1973 del CSONU después de que se adoptó. No obstante, en una muestra sin precedentes de intolerancia diplomática, y sin confirmación de los hechos en el terreno, los dirigentes occidentales calificaron de mentiroso al dirigente libio.
Libia también ofreció aceptar monitores internacionales, y llegó incluso a extender invitaciones para que visitaran el país. Y en una concesión extraordinaria, el dirigente libio envió un mensaje a la oposición armada, cuando ésta tenía la ventaja y se acercaba a Trípoli, en el que ofrecía renunciar y abandonar el país. Las tropas gubernamentales recién lanzaron su ofensiva después de que esta oferta se rechazó y de que los dirigentes de la oposición dijeron que no era negociable que el líder egipcio fuera capturado y muerto.
Si el derecho internacional permite que los Estados utilicen la fuerza en circunstancias muy limitadas, hay aún menos circunstancias en las cuales se permite que protagonistas no estatales utilicen la fuerza. Una de esas circunstancias es cuando se ejerce el derecho a la autodeterminación contra una potencia ocupante extranjera y opresiva. Esto podría dar derecho a iraquíes o afganos a usar la fuerza contra ejércitos ocupantes, pero no daría derecho al pueblo libio a utilizar la fuerza contra su propio gobierno.
Los rebeldes libios ni siquiera se han basado explícitamente en el derecho extrajudicial de la revolución, que muchos abogados internacionales admiten que existe cuando se ha llegado a los límites de la ley. Aunque la participación en el gobierno de Libia puede haber sido un problema generalizado, el país tenía el mayor ingreso per cápita en África y uno de los mejores indicadores en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, Libia ha mostrado en el pasado que respeta el derecho internacional, implementando dictámenes de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Chad e incluso entregando sospechosos cuando hubo evidencia cuestionable para su juicio en el extranjero en el affaire Lockerbie.
Finalmente, el tema de la autodefensa es irrelevante en el uso de la fuerza contra Libia. Más bien, en lugar de justificar el ataque occidental contra Libia, parecería justificar una acción emprendida por Libia contra intereses occidentales. En otras palabras, como Libia ha sido objeto de un ataque armado que es probablemente ilegal según el derecho internacional, tiene derecho a defenderse. Este derecho incluye la realización de ataques contra instalaciones militares o personal de cualquier país involucrado en el ataque. En otras palabras, el ataque contra Libia de Francia y EE.UU. hace que las instalaciones militares y el personal de esos países sean objetivos legítimos de ataques realizados por Libia en calidad de autodefensa.
Sin tener en cuenta la legalidad del uso de la fuerza por ninguna parte en el conflicto armado, seguirán vigentes el derecho humanitario internacional y las leyes de la guerra. Según este derecho, todos los Estados involucrados en un conflicto armado deben poner cuidado en no atacar a civiles. Las autoridades libias afirmaron que respetan esta restricción en la guerra civil, aunque los rebeldes rechazaron esa afirmación. El derecho humanitario internacional exige que ninguna fuerza militar se dirija contra civiles o instalaciones civiles en Libia.
El derecho internacional de derechos humanos sigue vigente de la misma manera, lo que hace que los ataques a civiles estén sujetos a las restricciones del uso de la fuerza que emanan de las obligaciones internacionales de derechos humanos existentes. Si el uso de la fuerza contra Libia es ilegal, como he sugerido anteriormente, el estándar para determinar si se está utilizando fuerza desproporcionada es aplicable en tiempos de paz. Es el caso porque ningún Estado involucrado en el uso de la fuerza en Libia ha anunciado su derogación de sus obligaciones de derechos humanos y porque sería contrario al objeto y propósito de todos los tratados existentes de derechos humanos que se permitiera a los Estados que simplemente los derogaran al iniciar un conflicto armado en violación del derecho internacional.
El uso de la fuerza de manera contraria al derecho internacional existente es tal vez el mayor daño a la humanidad a largo plazo. En el Pacto de París en 1928 y de nuevo en la Carta de la ONU de 1945, los Estados acordaron no utilizar la fuerza los unos contra los otros para lograr objetivos de su política exterior. El mundo occidental parece que ha cuestionado repetidamente este acuerdo en los últimos 10 años, especialmente por su disposición a emprender acción militar contra Estados predominantemente musulmanes. Al hacerlo ha enviado una señal innegable a la comunidad internacional a través de sus acciones, y a pesar de algunas de sus palabras, de que el derecho internacional no le importa. Si este mensaje no es respondido por los propugnadores del derecho internacional, los adelantos que se han hecho para asegurar que la comunidad internacional respete el vigor de la ley podrían veerse anulados para las futuras generaciones.
El autor es un destacado abogado internacional estadounidense de derechos humanos
Curtis Doebbler
Al Ahram Weekly
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El 19 de marzo de 2011 algunas naciones occidentales comenzaron el tercer conflicto armado internacional contra un país musulmán en la última década. Se esmeraron por afirmar que el uso de la fuerza contra Libia era legal, pero si se aplica el derecho internacional a los hechos vemos que en realidad el uso de la fuerza es ilegal.
Este breve comentario evalúa el uso de la fuerza contra Libia, comenzando por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU que supuestamente lo autoriza y el eventual ataque contra el pueblo de Libia.
LOS HECHOS: A diferencia de las manifestaciones no violentas en Egipto, Túnez, Bahréin, Yemen y otros sitios en el mundo árabe, las manifestaciones que comenzaron en Libia el 17 de febrero degeneraron en unos días en una guerra civil. Ambas partes tenían tanques, cazabombarderos, armas antiaéreas y artillería pesada. Las fuerzas gubernamentales consistían sobre todo de militares entrenados, mientras la oposición armada consistía de soldados desertores y numerosos civiles que habían tomado las armas.
El nivel de fuerza que cada bando tiene a su disposición lo señalaron las afirmaciones del sábado 19 de marzo de que tanto un caza del gobierno libio como uno de la oposición habían sido derribados cerca de Bengasi. A medida que la guerra civil aumentaba en intensidad, la comunidad internacional consideró actuar en apoyo a la oposición armada. El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1973. Y a las 42 horas comenzó un ataque contra las tropas del gobierno libio dirigido, según el ministro de Defensa británico William Hague, a matar al dirigente libio.
Cerca del mediodía hora local en Washington, DC, el sábado 19 de marzo, los cazabombarderos franceses lanzaron ataques contra objetivos descritos como tanques y sistemas de defensa aérea. Unas horas después, los barcos de guerra estadounidenses comenzaron a lanzar misiles de crucero contra objetivos libios.
Aunque países árabes y musulmanes se habían sumado a la coalición contra su vecino árabe y musulmán, ninguno de ellos participó realmente en los ataques aéreos enviando aviones. Inmediatamente después del inicio de los ataques aéreos, Rusia, China y el secretario general de la Liga Árabe, el egipcio Amr Moussa, condenaron la pérdida de vidas civiles causada por los bombardeos.
A pesar de los desmentidos de la intención de atacar al dirigente libio, atacaron las residencias y complejos utilizados por el coronel Muamar Gadafi. Después del primer día de bombardeos se informó de la muerte de más de cuatro docenas de civiles, incluyendo mujeres y niños.
Los ataques tuvieron lugar después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara la Resolución 1973. Como respuesta a esa resolución el gobierno libio declaró oficialmente un alto el fuego en la guerra civil que libraba contra los rebeldes armados con base en Bengasi. Libia anunció también que había cerrado su espacio aéreo. Los dirigentes occidentales reaccionaron ante estas acciones del gobierno libio afirmando que no se podía creer en ellas y argumentando que los combates continuaban. Por cierto, fuentes libias confirmaron que la guerra civil continuaba y que ambas partes se seguían atacando.
LA RESOLUCION 1973 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: La Resolución 1973 se adoptó según el Capítulo VII de la Carta de la ONU con 10 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. A favor votaron los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: EE.UU., Gran Bretaña, Francia, y los miembros no permanentes Bosnia y Herzegovina, Colombia, Gabón, el Líbano, Nigeria, Portugal y Sudáfrica. Se abstuvieron los miembros permanentes Rusia y China y los miembros no permanentes Alemania, Brasil e India.
La resolución se adoptó el jueves 17 de marzo, después de las 18:30 hora local en Nueva York. La embajadora de EE.UU. la describió como un fortalecimiento de las sanciones y de la prohibición de viajes impuesta antes por la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad. Fue promovida por los gobiernos de Francia y el Reino Unida, pero con una fuerte presencia de EE.UU., controlando entre bastidores.
El nuevo ministro de Exteriores francés Alain Juppé, estuvo presente en la reunión del Consejo de Seguridad. Aunque como ex primer ministro no era nuevo en la ONU, llegó unas semanas después de reemplazar a su predecesor, cesado por haber aceptado favores de un empresario libio, y sólo días después de que su gobierno se convirtiera en el primer gobierno occidental que reconoció a las fuerzas combatientes contra el gobierno en la guerra civil libia como legítimos representantes del pueblo libio.
El gobierno libio no tuvo un representante presente en la reunión después de que a su embajador oficial, el ex presidente de la Asamblea General Ali Abdel-Salam Treki, se le negó la entrada en EE.UU. No obstante, aunque oficialmente había sido relevado de su su cargo más de una semana antes por desertar a la oposición, el ex representante permanente adjunto Ibrahim Dabbashi, estuvo presente en la operación mediática del Consejo de Seguridad del miércoles para hacer una declaración y responder preguntas.
La Resolución 1973 contiene 29 párrafos operativos divididos en ocho secciones. La primera sección exige en su primer párrafo un “alto el fuego inmediato” y el respeto al derecho internacional incluyendo “el paso rápido y sin impedimentos de la ayuda humanitaria”.
Un curioso segundo párrafo operacional “subraya la necesidad de intensificar esfuerzos para encontrar una solución a la crisis” y pasa a calificar esto de respuesta “a las legítimas demandas del pueblo libio” y conducente a “las reformas políticas necesarias para encontrar una solución pacífica y sustentable”. Un lenguaje tan vago no responde a la pregunta de qué demandas legítimas hay que satisfacer y qué reformas políticas son necesarias. Legalmente esos requerimientos también parecen una injerencia directa en los asuntos internos de Libia en violación del Artículo 2 (7) de la Carta de la ONU, que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad deben respetar según el Artículo 25 de la Carta. Esta discrepancia aparentemente irreconciliable alimenta la especulación de que la resolución es otro ejemplo de una política que se niega a respetar el derecho internacional.
Los párrafos 4 y 5 tienen que ver con la protección de civiles, y este último se concentra en la responsabilidad regional de la Liga Árabe.
La parte operacional más larga de la resolución se dedica después a la creación de una zona de exclusión aérea en los párrafos 6 hasta el 12. El Artículo 6 crea la zona de exclusión aérea “para todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia con el fin de ayudar a proteger a los civiles”. Luego el párrafo 7 enumera varias excepciones humanitarias.
El párrafo 8 posiblemente concentrará la atención de la mayoría de los abogados internacionales, ya que menciona que los Estados podrán “tomar todas las medidas necesarias para imponer el cumplimiento de la prohibición de vuelos”. El uso del término “todas las medidas necesarias” abre la puerta al uso de la fuerza. Al mismo tiempo, el uso de la fuerza se limita a la imposición de la zona de exclusión aérea y no se extiende a intentos de matar al dirigente libio o a apoyar a una parte en el conflicto armado, aunque el hecho de que se impida que el gobierno libio utilice su fuerza aérea, evidentemente, favorece a la oposición armada.
El párrafo 8 es inusual porque parece que autoriza el uso de fuerza según el Capítulo VII sin aplicar ninguna de las salvaguardas para el uso de la fuerza que se mencionan en el Artículo 41. No hay ninguna declaración de que hubieran fracasado otras medidas que no injvolucraban el uso de la fuerza. De hecho, la Resolución 1973 se adoptó después de que el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Africana decidieron enviar misiones para contribuir a una solución pacífica, pero antes de que alguna de esas misiones pudiera visitar Libia. Además, la Resolución 1973 se adoptó después de que la oferta de renuncia y abandono del país con su familia del dirigente libio fue rechazada por la oposición armada sin dejar un margen a las negociaciones.
Los párrafos del 13 al 16 requieren un embargo de armas y “deploran el continuo flujo de mercenarios” hacia Libia. Al hacerlo, el párrafo 13 decide que el párrafo 11 de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad debe ser reemplazado por un nuevo párrafo que “autoriza a los Estados Miembros a utilizar todas las medidas conmensuradas con las circunstancias específicas para realizar semejantes inspecciones”. De nuevo este lenguaje indica que se podría utilizar la fuerza contra barcos sospechosos de llevar armas a Libia en violación del embargo.
En los párrafos 17 y 18 se requiere que los Estados nieguen los derechos de despegue, aterrizaje o sobrevuelo a “cualquier aeroplano registrado en la Jamahiriya Árabe Libia o que sea propiedad o esté operado por ciudadanos o compañías libios”. Aunque señala claramente que estas provisiones no afectarán a vuelos humanitarios, indudablemente complicarán esos vuelos.
Los párrafos del 19 al 21 extienden la congelación de activos impuesta por los párrafos 17, 19, 20 y 21 de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad [CSONU] a “todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos” que son “de propiedad o están controlados, directa o indirectamente, por las autoridades libias… o por individuos o entidades que actúan por su cuenta o dirigidos por ellas”. Los párrafos siguientes, 22 y 23, amplían las restricciones de viajes y la congelación de activos de la Resolución 1970 (2011) a todos los individuos en dos anexos. Al hacerlo, estos párrafos impiden esencialmente que los miembros de la familia de Muamar Gadafi salgan de Libia y efectivamente los obligan a combatir a la oposición armada.
El párrafo 24 crea un nuevo organismo, un “panel de expertos”, del comité creado en la Resolución 1970 del CSONU, para “reunir, examinar y analizar información de Estados, organismos relevantes de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y otras partes interesadas sobre la implementación de las medidas” en la Resolución 1970 del CSONU, para “hacer recomendaciones… mejorar la implementación de las medidas relevantes”, y “suministrar al Consejo un informe provisional sobre su trabajo antes de 90 días después del nombramiento del panel, y un informe final del Consejo no después de 30 días antes de la terminación de su mandato con sus resultados y recomendaciones”.
El párrafo 27 dice que todos los Estados “incluida la Jamahiriya Árabe Libia, deberán adoptar las medidas necesarias par asegurar que no haya lugar a ninguna reclamación, a instancias de las autoridades libias, de ninguna persona o entidad de la Jamahiriya Árabe Libia ni de ninguna persona que actúe por conducto o en beneficio de esas personas o entidades, en relación con todo contrato o transacción cuya ejecución se vea afectada por las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en la resolución 1970 (2011), la presente resolución y las resoluciones conexas.”
Finalmente, en el penúltimo párrafo 29, el Consejo “decide seguir ocupándose activamente de la cuestión”.
PERCEPCIONES PÚBLICAS: Para cuando la resolución llegó al dominio público, los tabloides y periódicos 'serios' británicos ya estaban llamando al mundo a la guerra. Los franceses ya habían convocado una reunión descrita como reunión de planificación para el uso de la fuerza. Y mientras el presidente de EE.UU. se mantenía cuidadosamente ambiguo, otros responsables estadounidenses llamaban abiertamente a la intervención militar en lo que a esas alturas ya se había convertido en una guerra civil en Libia.
En la furia emocional parece que se habían olvidado del derecho internacional. Un comentarista de la BBC llegó a sugerir que el apoyo político a una zona de exclusión aérea por parrte de la Liga Árabe constituía una justificación legal para el uso de la fuerza. Usos similares de fuerza en Afganistán e Iraq, que están ampliamente considerados como violaciones del derecho internacional, parece que no han dejado una gran impresión en los periodistas británicos.
Periodistas de otros sitios parece que también han hecho caso omiso del derecho internacional en su consideración de Libia, llamando frecuentemente a la invasión de un país soberano por la fuerza, a pesar de que no sólo el Artículo 2 (4) de la Carta de la ONU prohíbe un uso semejante de la fuerza, sino que también lo hace el lenguaje de la propia Resolución 1973 del CSONU.
Incluso los que se oponen al uso de la fuerza parecen ignorar el derecho internacional aplicable. El parlamentario británico Jeremy Corbyn, por ejemplo, preguntó en la Cámara de los Comunes que si utilizamos fuerza contra Libia para proteger a una parte en una guerra civil, por qué no la usamos en Bahréin donde docenas de manifestantes desarmados han muerto a manos de fuerzas nacionales y extranjeras, o en Yemen donde unos 50 manifestantes pacíficos fueron masacrados por francotiradores del ejército. Esta pregunta por lo menos parece comprender el hecho de que el derecho internacional, para tener verdadero valor en las relaciones internacionales, tiene que aplicarse en situaciones similares de una manera similar. El que no se aplique consecuentemente la ley debilita seriamente el derecho y sus restricciones de la acción internacional.
DERECHO INTERNACIONAL: Mientras las decisiones con respecto al uso de la fuerza contra Libia parecen haberse basado más en emociones que en un entendimiento del derecho relevante, este derecho no es irrelevante. El derecho internacional seguirá reflejando las reglas generales que los Estados utilizan en sus relaciones mutuas mucho después del fin del conflicto armado en Libia. Se podría sugerir que también es crucial para la paz y la seguridad en un mundo compuesto de gente con valores e intereses diversos.
Tal vez el principio más fundamental del derecho internacional es que ningún Estado usará la fuerza contra otro Estado. Este principio se declara expresamente en el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU. Ningún Estado puede violar este principio del derecho internacional.
Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU puede ordenar el uso de la fuerza en circunstancias excepcionales, según el Artículo 24 (2) de la Carta de la ONU, el Consejo “actuará de acuerdo con los Principios y Propósitos de las Naciones Unidas”. Esto significa, por lo menos, que las opciones para autorizar el uso de la fuerza están extremadamente limitadas si los medios pacíficos de solución de disputas siguen siendo posibles. En el caso actual, parece que el Consejo de Seguridad se apresuró a utilizar la fuerza.
En el Artículo 51 y en el Capítulo VII de la Carta de la ONU se encuentran excepciones limitadas de la prohibición del uso de la fuerza. Las provisiones de este último, especialmente el Artículo 42, permiten que el Consejo de Seguridad emprenda una acción que “pueda ser necesaria para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales”. Las resoluciones 1970 y 1973 señalan ambas que se adoptarán según el Capítulo VII. Ni una ni la otra, sin embargo, cumplen los requerimientos del Artículo 42 de que se haya llegado a la determinación de que han fracasado las “medidas que no involucran el uso de la fuerza”.
Es difícil ver cómo se puede llegar a una determinación semejante en una guerra civil. Parece que por lo menos tendría que basarse en una misión de indagación en el terreno. Todavía no han ido a Libia misiones de indagación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Consejo de Seguridad. Aunque hay poca duda de que los gobiernos occidentales, como el de EE.UU., tienen importantes capacidades para determinar lo que sucede en Libia mediante métodos de vigilancia a distancia, eso no suministra suficiente evidencia de si el gobierno de Libia cumple las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sólo observadores en el terreno pueden determinarlo, como hemos visto en la desinformación propagada sobre las acciones de Iraq basadas en terceras partes y en fuentes de vigilancia distantes.
Además, la evidencia del cumplimiento por parte de Libia, es variada. Libia anunció casi de inmediato que respetaría los términos de la Resolución 1973 del CSONU después de que se adoptó. No obstante, en una muestra sin precedentes de intolerancia diplomática, y sin confirmación de los hechos en el terreno, los dirigentes occidentales calificaron de mentiroso al dirigente libio.
Libia también ofreció aceptar monitores internacionales, y llegó incluso a extender invitaciones para que visitaran el país. Y en una concesión extraordinaria, el dirigente libio envió un mensaje a la oposición armada, cuando ésta tenía la ventaja y se acercaba a Trípoli, en el que ofrecía renunciar y abandonar el país. Las tropas gubernamentales recién lanzaron su ofensiva después de que esta oferta se rechazó y de que los dirigentes de la oposición dijeron que no era negociable que el líder egipcio fuera capturado y muerto.
Si el derecho internacional permite que los Estados utilicen la fuerza en circunstancias muy limitadas, hay aún menos circunstancias en las cuales se permite que protagonistas no estatales utilicen la fuerza. Una de esas circunstancias es cuando se ejerce el derecho a la autodeterminación contra una potencia ocupante extranjera y opresiva. Esto podría dar derecho a iraquíes o afganos a usar la fuerza contra ejércitos ocupantes, pero no daría derecho al pueblo libio a utilizar la fuerza contra su propio gobierno.
Los rebeldes libios ni siquiera se han basado explícitamente en el derecho extrajudicial de la revolución, que muchos abogados internacionales admiten que existe cuando se ha llegado a los límites de la ley. Aunque la participación en el gobierno de Libia puede haber sido un problema generalizado, el país tenía el mayor ingreso per cápita en África y uno de los mejores indicadores en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, Libia ha mostrado en el pasado que respeta el derecho internacional, implementando dictámenes de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Chad e incluso entregando sospechosos cuando hubo evidencia cuestionable para su juicio en el extranjero en el affaire Lockerbie.
Finalmente, el tema de la autodefensa es irrelevante en el uso de la fuerza contra Libia. Más bien, en lugar de justificar el ataque occidental contra Libia, parecería justificar una acción emprendida por Libia contra intereses occidentales. En otras palabras, como Libia ha sido objeto de un ataque armado que es probablemente ilegal según el derecho internacional, tiene derecho a defenderse. Este derecho incluye la realización de ataques contra instalaciones militares o personal de cualquier país involucrado en el ataque. En otras palabras, el ataque contra Libia de Francia y EE.UU. hace que las instalaciones militares y el personal de esos países sean objetivos legítimos de ataques realizados por Libia en calidad de autodefensa.
Sin tener en cuenta la legalidad del uso de la fuerza por ninguna parte en el conflicto armado, seguirán vigentes el derecho humanitario internacional y las leyes de la guerra. Según este derecho, todos los Estados involucrados en un conflicto armado deben poner cuidado en no atacar a civiles. Las autoridades libias afirmaron que respetan esta restricción en la guerra civil, aunque los rebeldes rechazaron esa afirmación. El derecho humanitario internacional exige que ninguna fuerza militar se dirija contra civiles o instalaciones civiles en Libia.
El derecho internacional de derechos humanos sigue vigente de la misma manera, lo que hace que los ataques a civiles estén sujetos a las restricciones del uso de la fuerza que emanan de las obligaciones internacionales de derechos humanos existentes. Si el uso de la fuerza contra Libia es ilegal, como he sugerido anteriormente, el estándar para determinar si se está utilizando fuerza desproporcionada es aplicable en tiempos de paz. Es el caso porque ningún Estado involucrado en el uso de la fuerza en Libia ha anunciado su derogación de sus obligaciones de derechos humanos y porque sería contrario al objeto y propósito de todos los tratados existentes de derechos humanos que se permitiera a los Estados que simplemente los derogaran al iniciar un conflicto armado en violación del derecho internacional.
El uso de la fuerza de manera contraria al derecho internacional existente es tal vez el mayor daño a la humanidad a largo plazo. En el Pacto de París en 1928 y de nuevo en la Carta de la ONU de 1945, los Estados acordaron no utilizar la fuerza los unos contra los otros para lograr objetivos de su política exterior. El mundo occidental parece que ha cuestionado repetidamente este acuerdo en los últimos 10 años, especialmente por su disposición a emprender acción militar contra Estados predominantemente musulmanes. Al hacerlo ha enviado una señal innegable a la comunidad internacional a través de sus acciones, y a pesar de algunas de sus palabras, de que el derecho internacional no le importa. Si este mensaje no es respondido por los propugnadores del derecho internacional, los adelantos que se han hecho para asegurar que la comunidad internacional respete el vigor de la ley podrían veerse anulados para las futuras generaciones.
El autor es un destacado abogado internacional estadounidense de derechos humanos
EL ATAQUE A LIBIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL
El ataque a Libia y el derecho internacional
Curtis Doebbler
Al Ahram Weekly
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El 19 de marzo de 2011 algunas naciones occidentales comenzaron el tercer conflicto armado internacional contra un país musulmán en la última década. Se esmeraron por afirmar que el uso de la fuerza contra Libia era legal, pero si se aplica el derecho internacional a los hechos vemos que en realidad el uso de la fuerza es ilegal.
Este breve comentario evalúa el uso de la fuerza contra Libia, comenzando por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU que supuestamente lo autoriza y el eventual ataque contra el pueblo de Libia.
LOS HECHOS: A diferencia de las manifestaciones no violentas en Egipto, Túnez, Bahréin, Yemen y otros sitios en el mundo árabe, las manifestaciones que comenzaron en Libia el 17 de febrero degeneraron en unos días en una guerra civil. Ambas partes tenían tanques, cazabombarderos, armas antiaéreas y artillería pesada. Las fuerzas gubernamentales consistían sobre todo de militares entrenados, mientras la oposición armada consistía de soldados desertores y numerosos civiles que habían tomado las armas.
El nivel de fuerza que cada bando tiene a su disposición lo señalaron las afirmaciones del sábado 19 de marzo de que tanto un caza del gobierno libio como uno de la oposición habían sido derribados cerca de Bengasi. A medida que la guerra civil aumentaba en intensidad, la comunidad internacional consideró actuar en apoyo a la oposición armada. El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1973. Y a las 42 horas comenzó un ataque contra las tropas del gobierno libio dirigido, según el ministro de Defensa británico William Hague, a matar al dirigente libio.
Cerca del mediodía hora local en Washington, DC, el sábado 19 de marzo, los cazabombarderos franceses lanzaron ataques contra objetivos descritos como tanques y sistemas de defensa aérea. Unas horas después, los barcos de guerra estadounidenses comenzaron a lanzar misiles de crucero contra objetivos libios.
Aunque países árabes y musulmanes se habían sumado a la coalición contra su vecino árabe y musulmán, ninguno de ellos participó realmente en los ataques aéreos enviando aviones. Inmediatamente después del inicio de los ataques aéreos, Rusia, China y el secretario general de la Liga Árabe, el egipcio Amr Moussa, condenaron la pérdida de vidas civiles causada por los bombardeos.
A pesar de los desmentidos de la intención de atacar al dirigente libio, atacaron las residencias y complejos utilizados por el coronel Muamar Gadafi. Después del primer día de bombardeos se informó de la muerte de más de cuatro docenas de civiles, incluyendo mujeres y niños.
Los ataques tuvieron lugar después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara la Resolución 1973. Como respuesta a esa resolución el gobierno libio declaró oficialmente un alto el fuego en la guerra civil que libraba contra los rebeldes armados con base en Bengasi. Libia anunció también que había cerrado su espacio aéreo. Los dirigentes occidentales reaccionaron ante estas acciones del gobierno libio afirmando que no se podía creer en ellas y argumentando que los combates continuaban. Por cierto, fuentes libias confirmaron que la guerra civil continuaba y que ambas partes se seguían atacando.
LA RESOLUCION 1973 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: La Resolución 1973 se adoptó según el Capítulo VII de la Carta de la ONU con 10 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. A favor votaron los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: EE.UU., Gran Bretaña, Francia, y los miembros no permanentes Bosnia y Herzegovina, Colombia, Gabón, el Líbano, Nigeria, Portugal y Sudáfrica. Se abstuvieron los miembros permanentes Rusia y China y los miembros no permanentes Alemania, Brasil e India.
La resolución se adoptó el jueves 17 de marzo, después de las 18:30 hora local en Nueva York. La embajadora de EE.UU. la describió como un fortalecimiento de las sanciones y de la prohibición de viajes impuesta antes por la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad. Fue promovida por los gobiernos de Francia y el Reino Unida, pero con una fuerte presencia de EE.UU., controlando entre bastidores.
El nuevo ministro de Exteriores francés Alain Juppé, estuvo presente en la reunión del Consejo de Seguridad. Aunque como ex primer ministro no era nuevo en la ONU, llegó unas semanas después de reemplazar a su predecesor, cesado por haber aceptado favores de un empresario libio, y sólo días después de que su gobierno se convirtiera en el primer gobierno occidental que reconoció a las fuerzas combatientes contra el gobierno en la guerra civil libia como legítimos representantes del pueblo libio.
El gobierno libio no tuvo un representante presente en la reunión después de que a su embajador oficial, el ex presidente de la Asamblea General Ali Abdel-Salam Treki, se le negó la entrada en EE.UU. No obstante, aunque oficialmente había sido relevado de su su cargo más de una semana antes por desertar a la oposición, el ex representante permanente adjunto Ibrahim Dabbashi, estuvo presente en la operación mediática del Consejo de Seguridad del miércoles para hacer una declaración y responder preguntas.
La Resolución 1973 contiene 29 párrafos operativos divididos en ocho secciones. La primera sección exige en su primer párrafo un “alto el fuego inmediato” y el respeto al derecho internacional incluyendo “el paso rápido y sin impedimentos de la ayuda humanitaria”.
Un curioso segundo párrafo operacional “subraya la necesidad de intensificar esfuerzos para encontrar una solución a la crisis” y pasa a calificar esto de respuesta “a las legítimas demandas del pueblo libio” y conducente a “las reformas políticas necesarias para encontrar una solución pacífica y sustentable”. Un lenguaje tan vago no responde a la pregunta de qué demandas legítimas hay que satisfacer y qué reformas políticas son necesarias. Legalmente esos requerimientos también parecen una injerencia directa en los asuntos internos de Libia en violación del Artículo 2 (7) de la Carta de la ONU, que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad deben respetar según el Artículo 25 de la Carta. Esta discrepancia aparentemente irreconciliable alimenta la especulación de que la resolución es otro ejemplo de una política que se niega a respetar el derecho internacional.
Los párrafos 4 y 5 tienen que ver con la protección de civiles, y este último se concentra en la responsabilidad regional de la Liga Árabe.
La parte operacional más larga de la resolución se dedica después a la creación de una zona de exclusión aérea en los párrafos 6 hasta el 12. El Artículo 6 crea la zona de exclusión aérea “para todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia con el fin de ayudar a proteger a los civiles”. Luego el párrafo 7 enumera varias excepciones humanitarias.
El párrafo 8 posiblemente concentrará la atención de la mayoría de los abogados internacionales, ya que menciona que los Estados podrán “tomar todas las medidas necesarias para imponer el cumplimiento de la prohibición de vuelos”. El uso del término “todas las medidas necesarias” abre la puerta al uso de la fuerza. Al mismo tiempo, el uso de la fuerza se limita a la imposición de la zona de exclusión aérea y no se extiende a intentos de matar al dirigente libio o a apoyar a una parte en el conflicto armado, aunque el hecho de que se impida que el gobierno libio utilice su fuerza aérea, evidentemente, favorece a la oposición armada.
El párrafo 8 es inusual porque parece que autoriza el uso de fuerza según el Capítulo VII sin aplicar ninguna de las salvaguardas para el uso de la fuerza que se mencionan en el Artículo 41. No hay ninguna declaración de que hubieran fracasado otras medidas que no injvolucraban el uso de la fuerza. De hecho, la Resolución 1973 se adoptó después de que el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Africana decidieron enviar misiones para contribuir a una solución pacífica, pero antes de que alguna de esas misiones pudiera visitar Libia. Además, la Resolución 1973 se adoptó después de que la oferta de renuncia y abandono del país con su familia del dirigente libio fue rechazada por la oposición armada sin dejar un margen a las negociaciones.
Los párrafos del 13 al 16 requieren un embargo de armas y “deploran el continuo flujo de mercenarios” hacia Libia. Al hacerlo, el párrafo 13 decide que el párrafo 11 de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad debe ser reemplazado por un nuevo párrafo que “autoriza a los Estados Miembros a utilizar todas las medidas conmensuradas con las circunstancias específicas para realizar semejantes inspecciones”. De nuevo este lenguaje indica que se podría utilizar la fuerza contra barcos sospechosos de llevar armas a Libia en violación del embargo.
En los párrafos 17 y 18 se requiere que los Estados nieguen los derechos de despegue, aterrizaje o sobrevuelo a “cualquier aeroplano registrado en la Jamahiriya Árabe Libia o que sea propiedad o esté operado por ciudadanos o compañías libios”. Aunque señala claramente que estas provisiones no afectarán a vuelos humanitarios, indudablemente complicarán esos vuelos.
Los párrafos del 19 al 21 extienden la congelación de activos impuesta por los párrafos 17, 19, 20 y 21 de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad [CSONU] a “todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos” que son “de propiedad o están controlados, directa o indirectamente, por las autoridades libias… o por individuos o entidades que actúan por su cuenta o dirigidos por ellas”. Los párrafos siguientes, 22 y 23, amplían las restricciones de viajes y la congelación de activos de la Resolución 1970 (2011) a todos los individuos en dos anexos. Al hacerlo, estos párrafos impiden esencialmente que los miembros de la familia de Muamar Gadafi salgan de Libia y efectivamente los obligan a combatir a la oposición armada.
El párrafo 24 crea un nuevo organismo, un “panel de expertos”, del comité creado en la Resolución 1970 del CSONU, para “reunir, examinar y analizar información de Estados, organismos relevantes de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y otras partes interesadas sobre la implementación de las medidas” en la Resolución 1970 del CSONU, para “hacer recomendaciones… mejorar la implementación de las medidas relevantes”, y “suministrar al Consejo un informe provisional sobre su trabajo antes de 90 días después del nombramiento del panel, y un informe final del Consejo no después de 30 días antes de la terminación de su mandato con sus resultados y recomendaciones”.
El párrafo 27 dice que todos los Estados “incluida la Jamahiriya Árabe Libia, deberán adoptar las medidas necesarias par asegurar que no haya lugar a ninguna reclamación, a instancias de las autoridades libias, de ninguna persona o entidad de la Jamahiriya Árabe Libia ni de ninguna persona que actúe por conducto o en beneficio de esas personas o entidades, en relación con todo contrato o transacción cuya ejecución se vea afectada por las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en la resolución 1970 (2011), la presente resolución y las resoluciones conexas.”
Finalmente, en el penúltimo párrafo 29, el Consejo “decide seguir ocupándose activamente de la cuestión”.
PERCEPCIONES PÚBLICAS: Para cuando la resolución llegó al dominio público, los tabloides y periódicos 'serios' británicos ya estaban llamando al mundo a la guerra. Los franceses ya habían convocado una reunión descrita como reunión de planificación para el uso de la fuerza. Y mientras el presidente de EE.UU. se mantenía cuidadosamente ambiguo, otros responsables estadounidenses llamaban abiertamente a la intervención militar en lo que a esas alturas ya se había convertido en una guerra civil en Libia.
En la furia emocional parece que se habían olvidado del derecho internacional. Un comentarista de la BBC llegó a sugerir que el apoyo político a una zona de exclusión aérea por parrte de la Liga Árabe constituía una justificación legal para el uso de la fuerza. Usos similares de fuerza en Afganistán e Iraq, que están ampliamente considerados como violaciones del derecho internacional, parece que no han dejado una gran impresión en los periodistas británicos.
Periodistas de otros sitios parece que también han hecho caso omiso del derecho internacional en su consideración de Libia, llamando frecuentemente a la invasión de un país soberano por la fuerza, a pesar de que no sólo el Artículo 2 (4) de la Carta de la ONU prohíbe un uso semejante de la fuerza, sino que también lo hace el lenguaje de la propia Resolución 1973 del CSONU.
Incluso los que se oponen al uso de la fuerza parecen ignorar el derecho internacional aplicable. El parlamentario británico Jeremy Corbyn, por ejemplo, preguntó en la Cámara de los Comunes que si utilizamos fuerza contra Libia para proteger a una parte en una guerra civil, por qué no la usamos en Bahréin donde docenas de manifestantes desarmados han muerto a manos de fuerzas nacionales y extranjeras, o en Yemen donde unos 50 manifestantes pacíficos fueron masacrados por francotiradores del ejército. Esta pregunta por lo menos parece comprender el hecho de que el derecho internacional, para tener verdadero valor en las relaciones internacionales, tiene que aplicarse en situaciones similares de una manera similar. El que no se aplique consecuentemente la ley debilita seriamente el derecho y sus restricciones de la acción internacional.
DERECHO INTERNACIONAL: Mientras las decisiones con respecto al uso de la fuerza contra Libia parecen haberse basado más en emociones que en un entendimiento del derecho relevante, este derecho no es irrelevante. El derecho internacional seguirá reflejando las reglas generales que los Estados utilizan en sus relaciones mutuas mucho después del fin del conflicto armado en Libia. Se podría sugerir que también es crucial para la paz y la seguridad en un mundo compuesto de gente con valores e intereses diversos.
Tal vez el principio más fundamental del derecho internacional es que ningún Estado usará la fuerza contra otro Estado. Este principio se declara expresamente en el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU. Ningún Estado puede violar este principio del derecho internacional.
Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU puede ordenar el uso de la fuerza en circunstancias excepcionales, según el Artículo 24 (2) de la Carta de la ONU, el Consejo “actuará de acuerdo con los Principios y Propósitos de las Naciones Unidas”. Esto significa, por lo menos, que las opciones para autorizar el uso de la fuerza están extremadamente limitadas si los medios pacíficos de solución de disputas siguen siendo posibles. En el caso actual, parece que el Consejo de Seguridad se apresuró a utilizar la fuerza.
En el Artículo 51 y en el Capítulo VII de la Carta de la ONU se encuentran excepciones limitadas de la prohibición del uso de la fuerza. Las provisiones de este último, especialmente el Artículo 42, permiten que el Consejo de Seguridad emprenda una acción que “pueda ser necesaria para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales”. Las resoluciones 1970 y 1973 señalan ambas que se adoptarán según el Capítulo VII. Ni una ni la otra, sin embargo, cumplen los requerimientos del Artículo 42 de que se haya llegado a la determinación de que han fracasado las “medidas que no involucran el uso de la fuerza”.
Es difícil ver cómo se puede llegar a una determinación semejante en una guerra civil. Parece que por lo menos tendría que basarse en una misión de indagación en el terreno. Todavía no han ido a Libia misiones de indagación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Consejo de Seguridad. Aunque hay poca duda de que los gobiernos occidentales, como el de EE.UU., tienen importantes capacidades para determinar lo que sucede en Libia mediante métodos de vigilancia a distancia, eso no suministra suficiente evidencia de si el gobierno de Libia cumple las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sólo observadores en el terreno pueden determinarlo, como hemos visto en la desinformación propagada sobre las acciones de Iraq basadas en terceras partes y en fuentes de vigilancia distantes.
Además, la evidencia del cumplimiento por parte de Libia, es variada. Libia anunció casi de inmediato que respetaría los términos de la Resolución 1973 del CSONU después de que se adoptó. No obstante, en una muestra sin precedentes de intolerancia diplomática, y sin confirmación de los hechos en el terreno, los dirigentes occidentales calificaron de mentiroso al dirigente libio.
Libia también ofreció aceptar monitores internacionales, y llegó incluso a extender invitaciones para que visitaran el país. Y en una concesión extraordinaria, el dirigente libio envió un mensaje a la oposición armada, cuando ésta tenía la ventaja y se acercaba a Trípoli, en el que ofrecía renunciar y abandonar el país. Las tropas gubernamentales recién lanzaron su ofensiva después de que esta oferta se rechazó y de que los dirigentes de la oposición dijeron que no era negociable que el líder egipcio fuera capturado y muerto.
Si el derecho internacional permite que los Estados utilicen la fuerza en circunstancias muy limitadas, hay aún menos circunstancias en las cuales se permite que protagonistas no estatales utilicen la fuerza. Una de esas circunstancias es cuando se ejerce el derecho a la autodeterminación contra una potencia ocupante extranjera y opresiva. Esto podría dar derecho a iraquíes o afganos a usar la fuerza contra ejércitos ocupantes, pero no daría derecho al pueblo libio a utilizar la fuerza contra su propio gobierno.
Los rebeldes libios ni siquiera se han basado explícitamente en el derecho extrajudicial de la revolución, que muchos abogados internacionales admiten que existe cuando se ha llegado a los límites de la ley. Aunque la participación en el gobierno de Libia puede haber sido un problema generalizado, el país tenía el mayor ingreso per cápita en África y uno de los mejores indicadores en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, Libia ha mostrado en el pasado que respeta el derecho internacional, implementando dictámenes de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Chad e incluso entregando sospechosos cuando hubo evidencia cuestionable para su juicio en el extranjero en el affaire Lockerbie.
Finalmente, el tema de la autodefensa es irrelevante en el uso de la fuerza contra Libia. Más bien, en lugar de justificar el ataque occidental contra Libia, parecería justificar una acción emprendida por Libia contra intereses occidentales. En otras palabras, como Libia ha sido objeto de un ataque armado que es probablemente ilegal según el derecho internacional, tiene derecho a defenderse. Este derecho incluye la realización de ataques contra instalaciones militares o personal de cualquier país involucrado en el ataque. En otras palabras, el ataque contra Libia de Francia y EE.UU. hace que las instalaciones militares y el personal de esos países sean objetivos legítimos de ataques realizados por Libia en calidad de autodefensa.
Sin tener en cuenta la legalidad del uso de la fuerza por ninguna parte en el conflicto armado, seguirán vigentes el derecho humanitario internacional y las leyes de la guerra. Según este derecho, todos los Estados involucrados en un conflicto armado deben poner cuidado en no atacar a civiles. Las autoridades libias afirmaron que respetan esta restricción en la guerra civil, aunque los rebeldes rechazaron esa afirmación. El derecho humanitario internacional exige que ninguna fuerza militar se dirija contra civiles o instalaciones civiles en Libia.
El derecho internacional de derechos humanos sigue vigente de la misma manera, lo que hace que los ataques a civiles estén sujetos a las restricciones del uso de la fuerza que emanan de las obligaciones internacionales de derechos humanos existentes. Si el uso de la fuerza contra Libia es ilegal, como he sugerido anteriormente, el estándar para determinar si se está utilizando fuerza desproporcionada es aplicable en tiempos de paz. Es el caso porque ningún Estado involucrado en el uso de la fuerza en Libia ha anunciado su derogación de sus obligaciones de derechos humanos y porque sería contrario al objeto y propósito de todos los tratados existentes de derechos humanos que se permitiera a los Estados que simplemente los derogaran al iniciar un conflicto armado en violación del derecho internacional.
El uso de la fuerza de manera contraria al derecho internacional existente es tal vez el mayor daño a la humanidad a largo plazo. En el Pacto de París en 1928 y de nuevo en la Carta de la ONU de 1945, los Estados acordaron no utilizar la fuerza los unos contra los otros para lograr objetivos de su política exterior. El mundo occidental parece que ha cuestionado repetidamente este acuerdo en los últimos 10 años, especialmente por su disposición a emprender acción militar contra Estados predominantemente musulmanes. Al hacerlo ha enviado una señal innegable a la comunidad internacional a través de sus acciones, y a pesar de algunas de sus palabras, de que el derecho internacional no le importa. Si este mensaje no es respondido por los propugnadores del derecho internacional, los adelantos que se han hecho para asegurar que la comunidad internacional respete el vigor de la ley podrían veerse anulados para las futuras generaciones.
El autor es un destacado abogado internacional estadounidense de derechos humanos
Curtis Doebbler
Al Ahram Weekly
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El 19 de marzo de 2011 algunas naciones occidentales comenzaron el tercer conflicto armado internacional contra un país musulmán en la última década. Se esmeraron por afirmar que el uso de la fuerza contra Libia era legal, pero si se aplica el derecho internacional a los hechos vemos que en realidad el uso de la fuerza es ilegal.
Este breve comentario evalúa el uso de la fuerza contra Libia, comenzando por la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU que supuestamente lo autoriza y el eventual ataque contra el pueblo de Libia.
LOS HECHOS: A diferencia de las manifestaciones no violentas en Egipto, Túnez, Bahréin, Yemen y otros sitios en el mundo árabe, las manifestaciones que comenzaron en Libia el 17 de febrero degeneraron en unos días en una guerra civil. Ambas partes tenían tanques, cazabombarderos, armas antiaéreas y artillería pesada. Las fuerzas gubernamentales consistían sobre todo de militares entrenados, mientras la oposición armada consistía de soldados desertores y numerosos civiles que habían tomado las armas.
El nivel de fuerza que cada bando tiene a su disposición lo señalaron las afirmaciones del sábado 19 de marzo de que tanto un caza del gobierno libio como uno de la oposición habían sido derribados cerca de Bengasi. A medida que la guerra civil aumentaba en intensidad, la comunidad internacional consideró actuar en apoyo a la oposición armada. El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 1973. Y a las 42 horas comenzó un ataque contra las tropas del gobierno libio dirigido, según el ministro de Defensa británico William Hague, a matar al dirigente libio.
Cerca del mediodía hora local en Washington, DC, el sábado 19 de marzo, los cazabombarderos franceses lanzaron ataques contra objetivos descritos como tanques y sistemas de defensa aérea. Unas horas después, los barcos de guerra estadounidenses comenzaron a lanzar misiles de crucero contra objetivos libios.
Aunque países árabes y musulmanes se habían sumado a la coalición contra su vecino árabe y musulmán, ninguno de ellos participó realmente en los ataques aéreos enviando aviones. Inmediatamente después del inicio de los ataques aéreos, Rusia, China y el secretario general de la Liga Árabe, el egipcio Amr Moussa, condenaron la pérdida de vidas civiles causada por los bombardeos.
A pesar de los desmentidos de la intención de atacar al dirigente libio, atacaron las residencias y complejos utilizados por el coronel Muamar Gadafi. Después del primer día de bombardeos se informó de la muerte de más de cuatro docenas de civiles, incluyendo mujeres y niños.
Los ataques tuvieron lugar después de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara la Resolución 1973. Como respuesta a esa resolución el gobierno libio declaró oficialmente un alto el fuego en la guerra civil que libraba contra los rebeldes armados con base en Bengasi. Libia anunció también que había cerrado su espacio aéreo. Los dirigentes occidentales reaccionaron ante estas acciones del gobierno libio afirmando que no se podía creer en ellas y argumentando que los combates continuaban. Por cierto, fuentes libias confirmaron que la guerra civil continuaba y que ambas partes se seguían atacando.
LA RESOLUCION 1973 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: La Resolución 1973 se adoptó según el Capítulo VII de la Carta de la ONU con 10 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. A favor votaron los miembros permanentes del Consejo de Seguridad: EE.UU., Gran Bretaña, Francia, y los miembros no permanentes Bosnia y Herzegovina, Colombia, Gabón, el Líbano, Nigeria, Portugal y Sudáfrica. Se abstuvieron los miembros permanentes Rusia y China y los miembros no permanentes Alemania, Brasil e India.
La resolución se adoptó el jueves 17 de marzo, después de las 18:30 hora local en Nueva York. La embajadora de EE.UU. la describió como un fortalecimiento de las sanciones y de la prohibición de viajes impuesta antes por la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad. Fue promovida por los gobiernos de Francia y el Reino Unida, pero con una fuerte presencia de EE.UU., controlando entre bastidores.
El nuevo ministro de Exteriores francés Alain Juppé, estuvo presente en la reunión del Consejo de Seguridad. Aunque como ex primer ministro no era nuevo en la ONU, llegó unas semanas después de reemplazar a su predecesor, cesado por haber aceptado favores de un empresario libio, y sólo días después de que su gobierno se convirtiera en el primer gobierno occidental que reconoció a las fuerzas combatientes contra el gobierno en la guerra civil libia como legítimos representantes del pueblo libio.
El gobierno libio no tuvo un representante presente en la reunión después de que a su embajador oficial, el ex presidente de la Asamblea General Ali Abdel-Salam Treki, se le negó la entrada en EE.UU. No obstante, aunque oficialmente había sido relevado de su su cargo más de una semana antes por desertar a la oposición, el ex representante permanente adjunto Ibrahim Dabbashi, estuvo presente en la operación mediática del Consejo de Seguridad del miércoles para hacer una declaración y responder preguntas.
La Resolución 1973 contiene 29 párrafos operativos divididos en ocho secciones. La primera sección exige en su primer párrafo un “alto el fuego inmediato” y el respeto al derecho internacional incluyendo “el paso rápido y sin impedimentos de la ayuda humanitaria”.
Un curioso segundo párrafo operacional “subraya la necesidad de intensificar esfuerzos para encontrar una solución a la crisis” y pasa a calificar esto de respuesta “a las legítimas demandas del pueblo libio” y conducente a “las reformas políticas necesarias para encontrar una solución pacífica y sustentable”. Un lenguaje tan vago no responde a la pregunta de qué demandas legítimas hay que satisfacer y qué reformas políticas son necesarias. Legalmente esos requerimientos también parecen una injerencia directa en los asuntos internos de Libia en violación del Artículo 2 (7) de la Carta de la ONU, que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad deben respetar según el Artículo 25 de la Carta. Esta discrepancia aparentemente irreconciliable alimenta la especulación de que la resolución es otro ejemplo de una política que se niega a respetar el derecho internacional.
Los párrafos 4 y 5 tienen que ver con la protección de civiles, y este último se concentra en la responsabilidad regional de la Liga Árabe.
La parte operacional más larga de la resolución se dedica después a la creación de una zona de exclusión aérea en los párrafos 6 hasta el 12. El Artículo 6 crea la zona de exclusión aérea “para todos los vuelos en el espacio aéreo de la Jamahiriya Árabe Libia con el fin de ayudar a proteger a los civiles”. Luego el párrafo 7 enumera varias excepciones humanitarias.
El párrafo 8 posiblemente concentrará la atención de la mayoría de los abogados internacionales, ya que menciona que los Estados podrán “tomar todas las medidas necesarias para imponer el cumplimiento de la prohibición de vuelos”. El uso del término “todas las medidas necesarias” abre la puerta al uso de la fuerza. Al mismo tiempo, el uso de la fuerza se limita a la imposición de la zona de exclusión aérea y no se extiende a intentos de matar al dirigente libio o a apoyar a una parte en el conflicto armado, aunque el hecho de que se impida que el gobierno libio utilice su fuerza aérea, evidentemente, favorece a la oposición armada.
El párrafo 8 es inusual porque parece que autoriza el uso de fuerza según el Capítulo VII sin aplicar ninguna de las salvaguardas para el uso de la fuerza que se mencionan en el Artículo 41. No hay ninguna declaración de que hubieran fracasado otras medidas que no injvolucraban el uso de la fuerza. De hecho, la Resolución 1973 se adoptó después de que el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unión Africana decidieron enviar misiones para contribuir a una solución pacífica, pero antes de que alguna de esas misiones pudiera visitar Libia. Además, la Resolución 1973 se adoptó después de que la oferta de renuncia y abandono del país con su familia del dirigente libio fue rechazada por la oposición armada sin dejar un margen a las negociaciones.
Los párrafos del 13 al 16 requieren un embargo de armas y “deploran el continuo flujo de mercenarios” hacia Libia. Al hacerlo, el párrafo 13 decide que el párrafo 11 de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad debe ser reemplazado por un nuevo párrafo que “autoriza a los Estados Miembros a utilizar todas las medidas conmensuradas con las circunstancias específicas para realizar semejantes inspecciones”. De nuevo este lenguaje indica que se podría utilizar la fuerza contra barcos sospechosos de llevar armas a Libia en violación del embargo.
En los párrafos 17 y 18 se requiere que los Estados nieguen los derechos de despegue, aterrizaje o sobrevuelo a “cualquier aeroplano registrado en la Jamahiriya Árabe Libia o que sea propiedad o esté operado por ciudadanos o compañías libios”. Aunque señala claramente que estas provisiones no afectarán a vuelos humanitarios, indudablemente complicarán esos vuelos.
Los párrafos del 19 al 21 extienden la congelación de activos impuesta por los párrafos 17, 19, 20 y 21 de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad [CSONU] a “todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos” que son “de propiedad o están controlados, directa o indirectamente, por las autoridades libias… o por individuos o entidades que actúan por su cuenta o dirigidos por ellas”. Los párrafos siguientes, 22 y 23, amplían las restricciones de viajes y la congelación de activos de la Resolución 1970 (2011) a todos los individuos en dos anexos. Al hacerlo, estos párrafos impiden esencialmente que los miembros de la familia de Muamar Gadafi salgan de Libia y efectivamente los obligan a combatir a la oposición armada.
El párrafo 24 crea un nuevo organismo, un “panel de expertos”, del comité creado en la Resolución 1970 del CSONU, para “reunir, examinar y analizar información de Estados, organismos relevantes de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y otras partes interesadas sobre la implementación de las medidas” en la Resolución 1970 del CSONU, para “hacer recomendaciones… mejorar la implementación de las medidas relevantes”, y “suministrar al Consejo un informe provisional sobre su trabajo antes de 90 días después del nombramiento del panel, y un informe final del Consejo no después de 30 días antes de la terminación de su mandato con sus resultados y recomendaciones”.
El párrafo 27 dice que todos los Estados “incluida la Jamahiriya Árabe Libia, deberán adoptar las medidas necesarias par asegurar que no haya lugar a ninguna reclamación, a instancias de las autoridades libias, de ninguna persona o entidad de la Jamahiriya Árabe Libia ni de ninguna persona que actúe por conducto o en beneficio de esas personas o entidades, en relación con todo contrato o transacción cuya ejecución se vea afectada por las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad en la resolución 1970 (2011), la presente resolución y las resoluciones conexas.”
Finalmente, en el penúltimo párrafo 29, el Consejo “decide seguir ocupándose activamente de la cuestión”.
PERCEPCIONES PÚBLICAS: Para cuando la resolución llegó al dominio público, los tabloides y periódicos 'serios' británicos ya estaban llamando al mundo a la guerra. Los franceses ya habían convocado una reunión descrita como reunión de planificación para el uso de la fuerza. Y mientras el presidente de EE.UU. se mantenía cuidadosamente ambiguo, otros responsables estadounidenses llamaban abiertamente a la intervención militar en lo que a esas alturas ya se había convertido en una guerra civil en Libia.
En la furia emocional parece que se habían olvidado del derecho internacional. Un comentarista de la BBC llegó a sugerir que el apoyo político a una zona de exclusión aérea por parrte de la Liga Árabe constituía una justificación legal para el uso de la fuerza. Usos similares de fuerza en Afganistán e Iraq, que están ampliamente considerados como violaciones del derecho internacional, parece que no han dejado una gran impresión en los periodistas británicos.
Periodistas de otros sitios parece que también han hecho caso omiso del derecho internacional en su consideración de Libia, llamando frecuentemente a la invasión de un país soberano por la fuerza, a pesar de que no sólo el Artículo 2 (4) de la Carta de la ONU prohíbe un uso semejante de la fuerza, sino que también lo hace el lenguaje de la propia Resolución 1973 del CSONU.
Incluso los que se oponen al uso de la fuerza parecen ignorar el derecho internacional aplicable. El parlamentario británico Jeremy Corbyn, por ejemplo, preguntó en la Cámara de los Comunes que si utilizamos fuerza contra Libia para proteger a una parte en una guerra civil, por qué no la usamos en Bahréin donde docenas de manifestantes desarmados han muerto a manos de fuerzas nacionales y extranjeras, o en Yemen donde unos 50 manifestantes pacíficos fueron masacrados por francotiradores del ejército. Esta pregunta por lo menos parece comprender el hecho de que el derecho internacional, para tener verdadero valor en las relaciones internacionales, tiene que aplicarse en situaciones similares de una manera similar. El que no se aplique consecuentemente la ley debilita seriamente el derecho y sus restricciones de la acción internacional.
DERECHO INTERNACIONAL: Mientras las decisiones con respecto al uso de la fuerza contra Libia parecen haberse basado más en emociones que en un entendimiento del derecho relevante, este derecho no es irrelevante. El derecho internacional seguirá reflejando las reglas generales que los Estados utilizan en sus relaciones mutuas mucho después del fin del conflicto armado en Libia. Se podría sugerir que también es crucial para la paz y la seguridad en un mundo compuesto de gente con valores e intereses diversos.
Tal vez el principio más fundamental del derecho internacional es que ningún Estado usará la fuerza contra otro Estado. Este principio se declara expresamente en el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de la ONU. Ningún Estado puede violar este principio del derecho internacional.
Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU puede ordenar el uso de la fuerza en circunstancias excepcionales, según el Artículo 24 (2) de la Carta de la ONU, el Consejo “actuará de acuerdo con los Principios y Propósitos de las Naciones Unidas”. Esto significa, por lo menos, que las opciones para autorizar el uso de la fuerza están extremadamente limitadas si los medios pacíficos de solución de disputas siguen siendo posibles. En el caso actual, parece que el Consejo de Seguridad se apresuró a utilizar la fuerza.
En el Artículo 51 y en el Capítulo VII de la Carta de la ONU se encuentran excepciones limitadas de la prohibición del uso de la fuerza. Las provisiones de este último, especialmente el Artículo 42, permiten que el Consejo de Seguridad emprenda una acción que “pueda ser necesaria para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales”. Las resoluciones 1970 y 1973 señalan ambas que se adoptarán según el Capítulo VII. Ni una ni la otra, sin embargo, cumplen los requerimientos del Artículo 42 de que se haya llegado a la determinación de que han fracasado las “medidas que no involucran el uso de la fuerza”.
Es difícil ver cómo se puede llegar a una determinación semejante en una guerra civil. Parece que por lo menos tendría que basarse en una misión de indagación en el terreno. Todavía no han ido a Libia misiones de indagación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y del Consejo de Seguridad. Aunque hay poca duda de que los gobiernos occidentales, como el de EE.UU., tienen importantes capacidades para determinar lo que sucede en Libia mediante métodos de vigilancia a distancia, eso no suministra suficiente evidencia de si el gobierno de Libia cumple las resoluciones del Consejo de Seguridad. Sólo observadores en el terreno pueden determinarlo, como hemos visto en la desinformación propagada sobre las acciones de Iraq basadas en terceras partes y en fuentes de vigilancia distantes.
Además, la evidencia del cumplimiento por parte de Libia, es variada. Libia anunció casi de inmediato que respetaría los términos de la Resolución 1973 del CSONU después de que se adoptó. No obstante, en una muestra sin precedentes de intolerancia diplomática, y sin confirmación de los hechos en el terreno, los dirigentes occidentales calificaron de mentiroso al dirigente libio.
Libia también ofreció aceptar monitores internacionales, y llegó incluso a extender invitaciones para que visitaran el país. Y en una concesión extraordinaria, el dirigente libio envió un mensaje a la oposición armada, cuando ésta tenía la ventaja y se acercaba a Trípoli, en el que ofrecía renunciar y abandonar el país. Las tropas gubernamentales recién lanzaron su ofensiva después de que esta oferta se rechazó y de que los dirigentes de la oposición dijeron que no era negociable que el líder egipcio fuera capturado y muerto.
Si el derecho internacional permite que los Estados utilicen la fuerza en circunstancias muy limitadas, hay aún menos circunstancias en las cuales se permite que protagonistas no estatales utilicen la fuerza. Una de esas circunstancias es cuando se ejerce el derecho a la autodeterminación contra una potencia ocupante extranjera y opresiva. Esto podría dar derecho a iraquíes o afganos a usar la fuerza contra ejércitos ocupantes, pero no daría derecho al pueblo libio a utilizar la fuerza contra su propio gobierno.
Los rebeldes libios ni siquiera se han basado explícitamente en el derecho extrajudicial de la revolución, que muchos abogados internacionales admiten que existe cuando se ha llegado a los límites de la ley. Aunque la participación en el gobierno de Libia puede haber sido un problema generalizado, el país tenía el mayor ingreso per cápita en África y uno de los mejores indicadores en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, Libia ha mostrado en el pasado que respeta el derecho internacional, implementando dictámenes de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto con Chad e incluso entregando sospechosos cuando hubo evidencia cuestionable para su juicio en el extranjero en el affaire Lockerbie.
Finalmente, el tema de la autodefensa es irrelevante en el uso de la fuerza contra Libia. Más bien, en lugar de justificar el ataque occidental contra Libia, parecería justificar una acción emprendida por Libia contra intereses occidentales. En otras palabras, como Libia ha sido objeto de un ataque armado que es probablemente ilegal según el derecho internacional, tiene derecho a defenderse. Este derecho incluye la realización de ataques contra instalaciones militares o personal de cualquier país involucrado en el ataque. En otras palabras, el ataque contra Libia de Francia y EE.UU. hace que las instalaciones militares y el personal de esos países sean objetivos legítimos de ataques realizados por Libia en calidad de autodefensa.
Sin tener en cuenta la legalidad del uso de la fuerza por ninguna parte en el conflicto armado, seguirán vigentes el derecho humanitario internacional y las leyes de la guerra. Según este derecho, todos los Estados involucrados en un conflicto armado deben poner cuidado en no atacar a civiles. Las autoridades libias afirmaron que respetan esta restricción en la guerra civil, aunque los rebeldes rechazaron esa afirmación. El derecho humanitario internacional exige que ninguna fuerza militar se dirija contra civiles o instalaciones civiles en Libia.
El derecho internacional de derechos humanos sigue vigente de la misma manera, lo que hace que los ataques a civiles estén sujetos a las restricciones del uso de la fuerza que emanan de las obligaciones internacionales de derechos humanos existentes. Si el uso de la fuerza contra Libia es ilegal, como he sugerido anteriormente, el estándar para determinar si se está utilizando fuerza desproporcionada es aplicable en tiempos de paz. Es el caso porque ningún Estado involucrado en el uso de la fuerza en Libia ha anunciado su derogación de sus obligaciones de derechos humanos y porque sería contrario al objeto y propósito de todos los tratados existentes de derechos humanos que se permitiera a los Estados que simplemente los derogaran al iniciar un conflicto armado en violación del derecho internacional.
El uso de la fuerza de manera contraria al derecho internacional existente es tal vez el mayor daño a la humanidad a largo plazo. En el Pacto de París en 1928 y de nuevo en la Carta de la ONU de 1945, los Estados acordaron no utilizar la fuerza los unos contra los otros para lograr objetivos de su política exterior. El mundo occidental parece que ha cuestionado repetidamente este acuerdo en los últimos 10 años, especialmente por su disposición a emprender acción militar contra Estados predominantemente musulmanes. Al hacerlo ha enviado una señal innegable a la comunidad internacional a través de sus acciones, y a pesar de algunas de sus palabras, de que el derecho internacional no le importa. Si este mensaje no es respondido por los propugnadores del derecho internacional, los adelantos que se han hecho para asegurar que la comunidad internacional respete el vigor de la ley podrían veerse anulados para las futuras generaciones.
El autor es un destacado abogado internacional estadounidense de derechos humanos
LA CRISIS DEL CAPITALISMO
La crisis del capitalismo Socialist Worker El Socialist Worker ha pedido a Alex Callinicos que nos explique la crisis del capitalismo global que aún continúa, y si cree que los gobiernos podrán hacer que la pague la clase trabajadora. Parece que esta crisis no afloja. ¿Cómo nos hemos metido en este lío? Algunos economistas e historiadores económicos describen esta crisis diciendo que es la primera Gran Depresión del siglo XXI, y la comparan con la Gran Depresión de finales del s. XIX y la de los años treinta. Me parece que tienen razón cuando afirman que ésta es una crisis muy profunda: no se trata de una alteración normal del «ciclo económico», sino de una crisis mucho más profunda y prolongada, y que hace mucho tiempo que se estaba preparando. Desde finales de la década de los sesenta, el capitalismo, sobre todo en el mismo centro del sistema, ha sufrido una crisis crónica de rentabilidad. Lo que llamamos ‘neoliberalismo’, el giro hacia el mercado, era una manera de intentar recuperar beneficios a través de exprimir a las personas trabajadoras tanto como fuera posible. Pero se trata de una rentabilidad recuperada sólo parcialmente, lo cual podemos ver claramente echando un vistazo a los EEUU, el centro del sistema. Los que controlan la economía mundial –los banqueros centrales–, han ido confiando en alentar el desarrollo de las burbujas financieras. Esto comenzó a finales de los años ochenta, pero el proceso ha sido más acusado desde finales de los noventa. Estas burbujas especulativas, que hacían que la gente creyera que era más rica, les conducían a pedir más préstamos y gastar más, y de esta manera hacían que la economía fuese adelante. La gran burbuja desarrollada en el mercado inmobiliario de EEUU a mediados de la década pasada fue la culminación de este proceso, y chupó secciones y más secciones del sistema financiero global –en EEUU y Europa– alimentando los préstamos y la especulación. Esto quiere decir que cuando la burbuja reventó al final, lo que pasó el 2006-7, provocó una crisis global general. ¿Hasta qué punto es esta una crisis general, que va más allá de los banqueros y el sistema financiero? Es una crisis mucho más general. En 2009 la economía mundial se contrajo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Las causas más remotas se remontan a la misma base del capitalismo, que es un sistema de inversiones sin planificación y de crisis. Por culpa de las dificultades a largo plazo del sistema económico, el sistema financiero ha jugado un papel dirigente cada vez más importante en las últimas décadas. La crisis la provocó la especulación financiera y la manera como se han comportado los banqueros para obtener sus enormes bonificaciones. Pero los banqueros son sólo una parte del problema, no son el centro. Después de tanto debate sobre la regulación, ¿qué se ha hecho, realmente? Los banqueros hacen mucho ruido quejándose de las restricciones que se les ha impuesto. Las más serias son las que se han llamado «acuerdos de Basel», que son, en esencia, un intento de restringir la cantidad que pueden prestar. Pero si miramos de cerca lo ocurrido en EEUU y Gran Bretaña, que son los centros del sistema financiero global, veremos que, a los bancos se les han impuesto algunas restricciones. Los bancos son muy poderosos políticamente; hacen un lobbying efectivo, y básicamente han presionado a los gobiernos para que les dejen más o menos en paz. De modo que ahora nos encontramos con indicios de que el mismo tipo de prácticas especulativas que se desarrollaron durante la burbuja se están volviendo a utilizar. Los bancos que han sobrevivido son más grandes y más fuertes, y tienen suficiente confianza para empezar a repartir bonificaciones masivas otra vez. Bob Diamond, el director del banco Barclays, dijo hace poco que ha llegado el momento en que los bancos dejen de pedir perdón. Sí, a mí me parece que eso es tener suficiente confianza. El gobierno dice que la única solución a la crisis es el programa de recortes. Los laboristas dicen que son demasiado rápidas, pero aceptan que se deben hacer. ¿Tú qué crees? Muchos economistas e historiadores económicos rigurosos dicen que el crecimiento de la deuda que se ha visto en los últimos años, en términos históricos, no es tan importante. Hay que entender por qué ha aumentado la deuda del gobierno: es por culpa de la crisis, no sólo por culpa de los rescates. La crisis significa que el gobierno recibe menos en recaudación de impuestos y, en cambio, debe gastar más en prestaciones por desempleo. De modo que cuando los tories y los liberal-demócratas hablan de déficit, están hablando del coste de la crisis: estamos ante una lucha de clases para ver quién la pagará. Los banqueros son suficientemente fuertes, políticamente, para protegerse y evitar que les toque pagar a ellos. El giro hacia la austeridad tiene por objetivo que sean las personas trabajadoras las que soporten la carga. Es interesante que el director del Banco de Inglaterra, Mervyn King, dijo que el gran déficit presupuestario no es culpa de la gente ni de los trabajadores del sector público; no obstante, dice que la austeridad es necesaria. No hay la necesidad económica de instaurar medidas de austeridad, sino que, de hecho, desde el punto de vista económico son peligrosas. El jefe de la OCDE –el club global de las naciones ricas– compareció, la semana pasada, con el ministro de economía George Osborne, y dijo que las políticas económicas del gobierno eran muy buenas. Pero, hace poco, la OCDE ha publicado un informe que prevé un crecimiento muy lento para Gran Bretaña durante este año y el siguiente. La cuestión es esta: si sacudes a la gente de una manera tan salvaje con el tipo de medidas que se están aprobando (exprimiendo el sector público, forzando la disminución de los salarios...), el efecto podría ser que la economía cayera otra vez en recesión. En los países donde las medidas de austeridad ya se han puesto en práctica, como Grecia e Irlanda, ha pasado justamente eso. La posición de los laboristas (austeridad, sí, pero no tan salvaje como la de los tories) deja ver que, a pesar de haber escogido a Ed Miliband como líder, el Partido Laborista sigue pegado a la ideología del neoliberalismo, de modo que la alternativa que ofrecen es extremadamente débil. ¿El gobierno y la clase dirigente tienen confianza en la austeridad? No me parece que haya grandes divisiones entre la clase dirigente. Pienso que las grandes empresas estaban cansadas del Nuevo Laborismo, al final de la legislatura de Gordon Brown. Habían aceptado todas las golosinas, en materia de exenciones fiscales, que les habían ofrecido los laboristas; pero querían más, por eso dieron la bienvenida a la coalición. Hay dudas sobre la austeridad, pero no se está elaborando ningún proyecto alternativo, desde la clase dirigente. La coalición se acerca a su examen más importante. Las protestas de los estudiantes de antes de navidad fueron un duro golpe para ellos: expusieron las grietas que había dentro de la coalición; particularmente, la desazón que sienten muchos liberal-demócratas. A medida que los recortes empiezan a hacer daño, Cameron y Osborne esperan que los líderes de los sindicatos sean demasiado débiles y demasiado cobardes para organizar una resistencia efectiva. Estas previsiones se pondrán a prueba pronto. La resistencia, en Europa, ha sido desigual. En Grecia, ha sido fuerte. En Irlanda, en cuanto a huelgas y manifestaciones, ha habido movimiento, pero es a través de las urnas que se ha producido el impacto. La aniquilación de Fianna Fail, que había dominado la vida política desde los años treinta, ha sido una derrota importante para ellos. ¿Cuál es la alternativa a los recortes? ¿De dónde deberían venir el dinero? Esta cuestión no debería intimidarnos. Por ejemplo, la tasa de intereses es baja, por lo que, en realidad, a los gobiernos les resulta fácil obtener préstamos. De manera más general, necesitamos una serie de medidas que se dirijan a la raíz de la crisis. Esto quiere decir nacionalizar adecuadamente los bancos, en vez de utilizar grandes cantidades de dinero público para salvarlos mientras continúan funcionando sin que se les puedan exigir responsabilidades. Significaría reconvertir los bancos en empresas públicas que organizaran el tipo de inversiones que son necesarias. Un área de inversión obligatoria es la intervención sobre el cambio climático. El terremoto de Japón no lo causó el calentamiento global, pero sabemos que sí producirá más desastres de esta magnitud. Y lo que ha pasado en Fukushima nos muestra el peligro de utilizar la energía nuclear. La campaña para crear un millón de puestos de trabajo contra el cambio climático, apoyada por varios sindicatos, es una manera de impulsar el trabajo que se necesita para reducir las emisiones, y al mismo tiempo se crea empleo. Además, el sistema del bienestar debe reorganizarse para acabar con la miseria de los subsidios reducidos y condicionales, y deberían tomarse otras medidas para combatir el paro. Este es el tipo de programa que comenzaría a subordinar la economía a la lógica de las necesidades sociales, en vez de subordinarla a los beneficios. ¿Puede recuperarse el capitalismo y proveer para la mayoría de personas? Lenin, el gran revolucionario ruso, dijo que el capitalismo nunca estará en una situación absolutamente desesperada mientras las personas trabajadoras le permitan sobrevivir. Tarde o temprano el sistema se puede recuperar de cualquier crisis, aunque le costaría recuperar el nivel alcanzado en el pasado más reciente, porque el sistema financiero se habría debilitado mucho. Mientras la recesión continúa, es importante ver que es desigual. Una sección del sistema, el núcleo histórico en América del norte y gran parte de Europa, aún continúa en un estado bastante deprimido. Pero, en cambio, si miramos hacia China y las economías que se asocian, Alemania y Brasil incluidos, vemos que crecen bastante deprisa. Esto refleja los esfuerzos del estado chino, que hizo todo lo posible para evitar una depresión económica prolongada. Sin embargo, el hecho de que esta pequeña parte del sistema esté creciendo es otro factor desestabilizador: produce tensiones entre EEUU, la fuerza capitalista dominante, y China, que cada vez más se presenta como su rival principal. Esto hace más difícil de controlar el capitalismo. Pero incluso si encuentran una manera de salir adelante, la crisis se ha producido como resultado de la lógica del capitalismo y de un sistema que tiene como único objetivo la competición ciega para conseguir beneficios. Este sistema seguirá produciendo crisis y seguirá intentando resolverlas haciendo que paguen las personas trabajadoras y pobres. Por lo tanto, la única garantía real para evitar más crisis como la que nos afecta ahora es deshacerse completamente del capitalismo. Alex Callinicos es profesor de teoría social en el King's College de Londres, y autor de libros como “Los nuevos mandarines del poder americano” o “Un manifiesto anticapitalista” y miembro destacado del Socialist Workers Party, organización hermana de En lucha en Gran Bretaña.
EL IMPERIO Y SUS GUERRAS
En Libia, el imperio se despierta
Examiner.com
| Traducción para Rebelión de Loles Oliván |
A lo largo de la historia, gobernar un imperio ha sido siempre algo más que la pura dominación económica y el ejercicio de la fuerza militar aplastante. Incluso un imperio moderno sin colonias como el que rige Estados Unidos requiere más finura que fuerza. La adaptación hábil a condiciones cambiantes es lo que hace que los imperios perduren. O como dice el viejo refrán, “no nadar contra corriente”. Finalmente, después de meses intentando desesperadamente situarse en el lado correcto de la historia únicamente con las palabras, puede que Estados Unidos tenga algunos nadadores en el agua. La intervención militar en Libia es una señal de que el imperio ha despertado de su letargo aparente. La fórmula para el despertar incluye un tábano dictatorial, una insurrección tal vez inoportuna y una generosa cantidad de petróleo.
Estados Unidos se está preparando en el norte de África y en otras partes de la región para la gran adaptación a la democracia árabe. Al no poder contar ya con una red de gobernantes autoritarios en la zona, la maquinaria diplomática que es el Departamento de Estado estadounidense se centra ahora en relacionarse con las nuevas fuerzas pro-democracia. La verdad es que Estados Unidos no estaba ligado exclusivamente a los Hosni Mubarak del mundo. Ha disfrutado de relaciones igualmente acogedoras con el aparato militar de cada país. Y este aparato, a diferencia del político, ciertamente no ha sido derrocado. Los ejércitos en el norte de África y en Oriente Próximo siguen siendo los mismos actores militares y económicos que eran antes de las protestas pro-democracia.
Lo podemos ver en Libia, donde el pacto faustiano de la oposición con Estados Unidos se ha extendido a las relaciones con el ejército egipcio. Armas egipcias sin duda con autorización estadounidense están fluyendo a través de Túnez hacia el este de Libia. Los vínculos entre los militares de toda la región representan un recurso importante para la adaptación de Estados Unidos a este proceso monumental de cambio. Hasta ahora, los militares en varios países han logrado poner límites reales a la magnitud de la transformación manteniéndola constreñida a cuestiones relativas a la representación política y a la forma de gobierno.
El proceso libio ha concedido a Estados Unidos incluso un mayor acceso al haber aprobado los rebeldes del este una campaña de bombardeos esencialmente liderada por Estados Unidos y destinada a debilitar las fuerzas leales al general libio Muamar Gadafi. De este modo, los rebeldes del este podrían estar a punto de aprender la dura lección de que las revoluciones no pueden ser subcontratadas. La intervención estadounidense tiene un precio, y la factura se pagará política, económica y militarmente. No hubo manera de escindir al ejército del régimen de Trípoli así que la intervención desde el exterior iba a ser con seguridad la principal estrategia una vez que la insurrección en el este estuvo en marcha.
Es evidente que Estados Unido está interesado en mejorar su posición estratégica en la región a la vez que en dar algo de sustancia a sus pretensiones en favor de la democracia. Otras naciones europeas, con algo más de mala gana, también han seguido imitando los mismos tópicos sobre la marcha. Sin embargo, ha sido el petróleo lo que realmente ha acelerado la política exterior de Estados Unidos moviéndolo desde las reclamaciones generales de democracia y libertad a una costosa intervención militar. La simple idea de un régimen de Gadafi militarmente victorioso haciendo proselitismo con grandes cantidades de petróleo ante los opositores económicos de Estados Unidos ha empujado a Obama a ponerse ya otra gorra de guerra. Mientras las calles árabes pueden haber cambiado el debate político en la región empujando a Estados Unidos en una dirección particular retóricamente, sigue siendo su petróleo lo que atrae la atención no deseada del Imperio.
Los rebeldes del este de Libia todavía pueden ganar el día. Puede que una insurrección quizá prematura y ciertamente mal equipada sea salvada de la aniquilación. La fuerza impresionante de las fuerzas armadas de Estados Unidos puede garantizar ese tipo de cosas. Sin embargo, si las transformaciones políticas del siglo XX sirven de alguna guía, cómo se gane puede ser tan importante como ganar. Cuanto más se acerque este movimiento del este de Libia a Estados Unidos menos independencia tendrá una vez que comience la transición política. Y, más tarde, cuando el petróleo comience a fluir de nuevo, vencerá el plazo de una factura colosal ¿Estarán dispuestos a pagarla los rebeldes? ¿Y a qué coste para sus sueños políticos de democracia?
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